Cuando en 1989 asume su segundo mandato presidencial Carlos Andrés Pérez, Venezuela se encontraba en una de las crisis económicas más profundas de los últimos años.
En un intento desesperado de salvataje económico, el nuevo presidente pacto con el Fondo Monetario Internacional un multimillonario rescate, que en la práctica implicaría la aplicación de drásticas medidas neoliberales: Privatización de empresas estatales, liberación de las tasas de interés y de los precios, alza de las tarifas en los servicios públicos y eliminación de los aranceles de importación.
El Paquetazo, cuya reacción inicial cristalizaría en El Caracazo del 27 de febrero, tendría implicaciones todavía más profundas.
Su programa fundamental, la privatización de empresas, significaría la entrega a los monopolios extranjeros de sectores claves, sin que la referida política se revirtiera en un mayor crecimiento económico, reducción del desempleo o mejora de la calidad de vida de los venezolanos.
La Ley de Privatización sancionada en 1992 por el Congreso de la República vendría a ofrecer un marco legal para la oleada de privatizaciones que abarcó bancos, la CANTV, las compañías aéreas Viasa y Aeropostal, así como las eléctricas Enelven y Enelbar.
Los puntos críticos de la Ley se concentraban en dos artículos, el primero discutía si excluir o no de las privatizaciones a las llamadas empresas básicas y estratégicas y el 16 que pretendía consagrar buena parte de los recursos provenientes de la privatización al pago de la deuda externa.
En el fondo del debate lo que estaba era la defensa o el rechazo a las tradicionales funciones del Estado como aparato regulador de la economía. Mientras los llamados peyorativamente estatistas abogaban por esa tesis, los privatizadores apostaban al mercado y al capital transnacional como salvadores económicos.
Los estatistas tendrían la razón a la larga…
Como se sabe la década de los 90 terminaría con un alza exponencial de la inflación, una sensible concentración de las empresas en manos del monopolio y el aumento de las desigualdades sociales.
Más adelante, El Nacional, en un artículo publicado el 07 de junio de 1992 reconocía que la privatización había abierto el camino para la devaluación de las empresas y para la corrupción administrativa.
Según el periódico las acciones del Banco Occidental de Descuento (BOD), varios centrales azucareros y de Viasa, habían sido vendidas a precio de gallina flaca en CANTV.
Foto: Carlos Andrés Pérez (Archivo)
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